La XXXIII Legislatura garantiza transparencia de los recursos públicos

La XXXIII Legislatura garantiza transparencia de los recursos públicos

abril 22, 2022 0 Por Redacción

Redacción

Con el interés de ejecutar una fiscalización bajo los principios de legalidad imparcialidad y confiabilidad, además de atender las solicitudes de diversos ayuntamientos, en reunión de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto que preside la diputada Alba Cristal Espinoza Peña, aprobaron una prórroga de 15 días naturales para que presenten el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022 y la Cuenta Pública del 2021.

En la 33 Legislatura evaluar el desempeño de los gobiernos, su gestión pública y la aplicación de los recursos son acciones esenciales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que se consideró necesario que los ayuntamientos de San Blas, Del Nayar, San Pedro Lagunillas, Acaponeta, Tuxpan, Tecuala, Ruiz, Bahía de Banderas, Rosamorada y Compostela presenten en 15 días sus respectivos Informes de Avance de Gestión Financiera; y para los ayuntamientos de San Pedro Lagunillas, Tuxpan y Bahía de Banderas hagan la entrega de la Cuenta Pública del 2021.

Los motivos que sostienen las solicitudes de prórroga se justifican en razón a las cuestiones técnicas de los sistemas utilizados para la administración y contabilidad gubernamental, sumando a ello la contingencia de salud que se vive en el estado y el país, lo que ha originado la restricción de operación del personal en los diversos sectores de gobierno.

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, consideraron como suficientes las razones por las que solicitaron las prórrogas.

La Cuenta Pública, es un informe administrativo en el que se documentan los ingresos, el gasto público, el uso y aprovechamiento de los bienes; y el Informe de Avance de Gestión Financiera, es un documento donde se informan los avances físicos y financieras de los programas aprobados; ambas obligaciones permiten fiscalizar la aplicación y el manejo de los recursos públicos de la administración pública.