Armería Smith & Wesson califica de vaga y sin fundamentos denuncia de México
23 de noviembre de 2021Redacción
La fabricante de armas Smith & Wesson Brands respondió a la demanda presentada por el gobierno de México ante una corte de Estados Unidos por comercio negligente y pidió desestimar los argumentos alegando que la jurisdicción en Massachusetts no se les aplica por tener una licencia federal, además de sostener que no se les ha podido establecer un vínculo de responsabilidad claro en el caso.
«La supuesta relación entre los contactos de Sturm, Ruger & Company, Inc. («Ruger») con Massachusetts y las causas de acción del gobierno mexicano contra Ruger son demasiado atenuadas e indirectas para someter a Ruger a una jurisdicción personal específica en este caso», explicó la defensa ante la corte donde se presentó la demanda, precisamente en Massachusetts.
Esta es la primera de las 11 armerías que responde a la demanda interpuesta por el gobierno mexicano en agosto, con la que pretende obtener una indemnización por presuntas prácticas negligentes.
En el texto de réplica a los argumentos presentados por el gobierno mexicano, al que MILENIO tuvo acceso, la fabricante de armas insistió que las alegaciones de México también demuestran, en su opinión, que el ejercicio de la jurisdicción sobre Ruger en este caso sería «irrazonable».
«En consecuencia, la Corte debe rechazar el intento de foro del gobierno mexicano y conceder la moción de Ruger para desestimar», agregó. En el documento de diez páginas recién ingresado en la corte de Massachusetts, la empresa considera que la denuncia no incluye una sola alegación fáctica específica que involucre que un arma de fuego vendida por Ruger fue traficada a México y por lo tanto utilizada por la delincuencia organizada.
Explican: “En cambio, el gobierno mexicano se basa en una cadena de eventos vaga, sin fundamento y altamente atenuada y que involucra a presuntos actores no relacionados con Ruger, algunos de los cuales supuestamente actuaron de manera criminal”.
La empresa negó los argumentos del gobierno mexicano que afirman que Ruger, un fabricante de armas de fuego con licencia federal, está sujeta a una jurisdicción personal específica en Massachusetts basada en las ventas de armas de fuego de Ruger a Witmer Public Safety Group («Witmer»).
Witmer es un distribuidor mayorista de armas de fuego independiente con licencia federal de productos de primeros auxilios y aplicación de la ley ubicado en Massachusetts.
Por lo que Ruger enfatizó que no porque vendió armas de fuego a Witmer, que luego a su vez vendió esas armas de fuego a distribuidores minoristas no especificados en todo Estados Unidos, se les puede fincar responsabilidad jurídica.
«Esta cadena de eventos altamente atenuada no logra establecer el vínculo necesario entre Massachusetts y el gobierno mexicano respecto a las reclamaciones contra Ruger», sostuvo la defensa de una de las 11 empresas demandas por México.
Las causas de la acción de la demanda, dice la empresa, se basan en que supuestamente el tráfico de armas empezó con la venta legal de armas de fuego de la empresa Ruger a la empresa Witmer en Massachusetts.
Luego, la armamentista Witmer vendió las armas de fuego que le dio Ruger a un minorista no identificado y que distribuye de armas de fuego en los Estados Unidos.
Después los comerciantes minoristas de armas de fuego las vendieron a personas que supuestamente las adquirieron con la intención de traficarlas a México y proporcionárselas a sujetos con intenciones criminales.
“Entonces, las personas que recibieron armas de fuego en México las usaron para dañar a ciudadanos mexicanos y el daño a los ciudadanos mexicanos resultó en daño al gobierno”, explican.
La empresa armamentista consideró que los alegatos del gobierno mexicano demuestran que la relación entre Ruger y Witmer en Massachusetts no se relaciona suficientemente con las acusaciones del gobierno mexicano y que derivaron “en la violencia criminal con armas de fuego en México”.
Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores consultadas al respecto no descartan dar una respuesta unificada, además por individual de cada uno de los demandados.
Fuente: Milenio