Search
Martes 17 octubre 2017
  • :
  • :

¿Cómo evitar que los municipios de Nayarit pierdan más 120 millones de pesos al año?

 

Raul Rosales Rosas

Escribe: Raul Rosales Rosas

Cada año las haciendas municipales en Nayarit resienten un perjuicio de entre 120 y 150 millones de pesos, originado por el incumplimiento de las formalidades legales para el cobro del impuesto predial cuya recaudación depende de las autoridades municipales.

Esta cantidad es el resultado de los montos a los cuales los municipios tenían derecho a recibir, sólo que, por una omisión de las áreas administrativas responsables de su cobro, la facultad para hacerlo ha caducado.

Como se sabe, la facultad para cobrar una contribución caduca (popularmente se dice prescribe) a los cinco años. Es decir, las cantidades adeudadas de ejercicios fiscales anteriores al quinto año legalmente no son exigibles.

Hasta ahora, en prácticamente todos los municipios las estrategias municipales para la recaudación de esta contribución han omitido cumplir con las formalidades necesarias para, al menos, interrumpir dicha caducidad.

Los municipios han demostrado ser malos recaudadores. En Nayarit, cada año se recauda menos de la mitad de lo que el padrón de contribuyentes del impuesto predial reporta.

Tepic, uno de los municipios que cuenta con una de la estructura administrativa más sólidas en número y profesionalismo para llevar a cabo la recaudación del impuesto predial, apenas si reporta el 54% de pago del total de los obligados. Cuenta con un padrón de 155 mil cuentas, de estas sólo se paga el 54% por ciento. La mayoría de éstos se ubican en el segmento de cuota mínima por lo que en promedio pagan 560 pesos por año. De los 72 millones por cobrar solo concreta poco más de 40 millones de pesos. Es resto pasa a las cuentas por cobrar, que al paso de cinco años con multas, recargos y actualizaciones, bien puede alcanzar la suma de 50-55 millones de pesos, mismas que al llegar el sexto año sin haberse realizado las gestiones cobro pertinentes, se diluyen en la nada.

Esta realidad se replica en prácticamente la totalidad de los municipios del estado. Sólo dos municipios reportaron gestiones legales de cobro durante el presente año, (Compostela y Acaponeta) con lo cual al menos lograron suspender las caducidad de su facultad de cobro. Pero ninguno llegó al extremo de implementar mecanismos de cobro coactivo para concretar el pago de esta contribución.

Lo anterior se puede explicar por varias razones. La falta de personal administrativo capaz de realizar esta tarea es uno de ellos (en muchos casos los tesoreros desconocen los efectos legales de sus omisiones). Pero otro, muy importante y de mayor peso lo ha sido la falta de voluntad política para hacer lo necesario a fin de garantizar mayores niveles de eficiencia en materia recaudatoria. Claro aunado a este factor se compagina el factor electoral, nadie quiere cobrar impuestos pues se estima que ello resulta poco popular; y un estado donde de cada seis años en cuatro hay elecciones, parece ser que hay pocas oportunidades para la recaudación fiscal.

Este escenario por supuesto que es grave y preocupante para las famélicas haciendas municipales pero paradójicamente a quien más afecta no es a los municipios sino al propio estado. Dadas las fórmulas de distribución del Fondo General de Participaciones FGP (de donde el estado recibe la mayor cantidad de recursos para su operación) los montos recaudados en materia de impuesto predial y por derechos de agua, tienen un peso importante al momento de definir los factores de distribución entre todos los estados de la federación. Mientras más recauden los municipios más recibe el estado. Baste recordar que del 100% que recibe el estado del FGP sólo el 22.5 se distribuye entre los municipios.

De ahí la importancia del esfuerzo y la aplicación de políticas subsidiarias de parte del estado en favor de los municipios a fin de apoyarlos a mejorar el cobro de sus contribuciones. La posibilidad de que el estado se haga cargo directo del cobro del impuesto predial, previo convenio con sus municipios representa una opción que se impulsa por la federación a través de la Ley de Coordinación Fiscal, otorgando un porcentaje adicional del Fondo de Fomento Municipal a los estados que así lo hagan. Opción que bien merece la pena ser explorada con seriedad.

Es tiempo de abrir posibilidades a gestiones novedosas e innovadoras. Los caminos y las formulas andadas sólo han dado registro de un fracaso sistemático en esta materia. Establecer y contar con una gestión profesional parece una labor más necesaria, urgente.

Comentarios

Comentarios