Search
Miércoles 13 diciembre 2017
  • :
  • :

Sacerdote y su personal libran investigación por abusos en Ciudad del Niño

El sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías. Foto: Especial

El sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías. Foto: Especial

 

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Ni el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías ni el personal que atendía el albergue Ciudad del Niño de Salamanca están siendo investigados por las autoridades guanajuatenses ante las denuncias ventiladas por menores de la institución, quienes acusaron haber sido víctimas de abusos sexuales, maltrato, encierros y mala alimentación.

20883302_1564732396923495_884427849_o

Esto fue reconocido en una reunión efectuada este jueves 20 en la PGR, donde la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) solicitó formalmente a esa dependencia que atraiga la investigación y también que el gobierno federal asuma la responsabilidad del albergue y los niños, niñas y adolescentes que en él se encuentran, al señalar la incompetencia de las instancias del estado de Guanajuato para ello.

El miércoles 19, la CNDH anunció que dada la situación de los menores y jóvenes del albergue, atraería el expediente de queja iniciado en Guanajuato, y más aún: pidió la coadyuvancia a instancia estatal.

La situación de este albergue y otros operados por Ciudad del Niño de Salamanca, asociación que preside el sacerdote Gutiérrez Farías, fue conocida al divulgarse una sentencia de amparo emitida por la juez del noveno distrito de Irapuato, Karla María Macías Lovera, en la que ésta se allegó de informes oficiales del sistema DIF y la Procuraduría local que confirmaron reportes, denuncias y quejas por diversos abusos cometidos por el padre Pedro y sus colaboradores.

Además de los ya referidos, el padre Pedro y una monja que lo auxiliaba en los albergues registraron a más de 130 menores como si fueran sus hijos, con los apellidos de ambos, lo que el Registro Civil de Guanajuato admitió.

Peor aún, el sacerdote no presentó algún permiso, aval o certificación que acreditara el reconocimiento como centro de asistencia social.

La reunión de este día fue encabezada por la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías, quien indicó que la petición de las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez será revisada por el procurador Raúl Cervantes.

En el encuentro también participaron funcionarios del gobierno de Guanajuato: el director del Sistema DIF del estado, Alfonso Borja Pimentel; el titular de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, Rolando Gaytán Vera, así como dos funcionarios más de la Coordinación Jurídica del DIF y de la Procuraduría de Justicia local.

Además de la subprocuradora y el director de Redim, acudió personal de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres, así como Jaime Rochín, titular de la Comisión de Atención a Víctimas, y Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), todos los cuales analizaron la situación conocida por la sentencia de la jueza Macías Lovera y la intervención que posterior a ella tuvo el DIF guanajuatense.

En entrevista telefónica, Juan Martín Pérez García –director ejecutivo de la Redim– dijo a Apro que resulta insostenible la postura de las autoridades guanajuatenses que, ante la existencia de no una, sino varias denuncias, y del conocimiento que se tenía de anomalías al interior de la Ciudad del Niño, ni el sacerdote Pedro Gutiérrez ni sus colaboradores hayan sido siquiera llamados a declarar.

“Preguntamos por la situación jurídica y nos informaron que no son indiciados, ni testigos ni nada, pese a que incluso tengan confirmado y en investigación el caso de la niña a la que una monja le quemó las manos”.

Según la explicación de los funcionarios del gobierno de Guanajuato, las denuncias que se originaron desde el 2009 ya habían prescrito, por lo que jurídicamente no se podía proceder.

“El Sistema DIF y la Procuraduría de Protección asumieron el control de dos albergues de Salamanca; acudieron al de Moroleón y trasladaron a ocho menores de allí a Salamanca, donde están 65. Es decir, tienen a 71. Nos dicen que es algo muy complejo, que ha sido algo impactante para ellos. Es evidente que no tienen ninguna experiencia, no tienen capacidad, además de que el DIF no cuenta con ningún albergue”, detalló el director de la Red por los Derechos de la Infancia.

Aunque se afirmó que no todos los 71 menores y adolescentes albergados fueron víctimas de algún delito, el DIF continúa con el levantamiento de datos.

Es por ello, dijo Juan Martín Pérez, que se planteó formalmente a la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR que este caso debe ser atraído urgentemente por la instancia federal, lo que también fue aceptado por el titular de la CEAV, Jaime Rochín.

“Se debe proceder a una restitución caso por caso; no puede hacerse lo que en el caso de ‘Mamá Rosa’, en que se abrieron las puertas… debe investigarse a los parientes, buscar otra institución o dejarlos en el mismo centro, pero bajo otras condiciones”, dijo.

Para el representante de Redim “ha sido muy evidente que las procuradurías de Protección y de Justicia, como el DIF, no tienen el personal, la experiencia ni la capacidad para llevar este caso; no hay condiciones de infraestructura, capacidad instalada, visión. Y deben fortalecerlas, porque así como está este caso, seguramente hay otros que no han salido a la luz”.

Además de ello, se deben investigar delitos federales como el registro en actas de nacimiento con los apellidos del padre Gutiérrez y la monja Hortensia Jiménez, sin que ello exima o elimine la responsabilidad y las indagatorias que las autoridades estatales deben realizar, señaló Juan Martín Pérez.

“Las denuncias por abusos y embarazos de jóvenes podrían configurar trata, así como la presencia de albergues en otros estados y la injerencia de la Iglesia católica”, remarcó.

Por lo pronto, se acordó establecer una mesa de trabajo para revisar los casos y colaborar en la restauración de los derechos de las víctimas, a la que se convocará a las autoridades de Michoacán, donde también hay un albergue de la asociación Ciudad del Niño de Salamanca.

“Insistimos en que es necesaria una investigación y lucha contra la impunidad, porque es insostenible pensar que, con todas las denuncias, el sacerdote no haya sido presentado ante las autoridades para rendir cuentas. Tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, pero no se puede descartar de antemano sea investigado”, pidió.

“Si las autoridades dicen que abrieron una investigación en marzo del año pasado, ¿cómo se permitió la inauguración de otro albergue en Salamanca por el expresidente Vicente Fox? –cuestionó el director de Redim–. Según la ley estatal podría haber una responsabilidad del propio gobernador; no veo condición alguna para que el gobierno de Guanajuato haga una investigación sólida que garantice justicia”.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/495757/sacerdote-personal-libran-investigacion-abusos-en-ciudad-del-nino

 

Comentarios

Comentarios