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Domingo 24 septiembre 2017
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Cervantes minimiza el combate al narcotráfico

Raúl Cervantes, procurador General de la República, dijo que el problema del crimen organizado pasó de ser un tema de seguridad nacional a un tema de seguridad pública. Foto Carlos Ramos Mamahua / Archivo

Raúl Cervantes, procurador General de la República, dijo que el problema del crimen organizado pasó de ser un tema de seguridad nacional a un tema de seguridad pública. Foto Carlos Ramos Mamahua / Archivo

Jesús Aranda |

De un plumazo, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, aseguró hace unos días -ante la Asamblea General de Alto Nivel la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Delincuencia Organizada Transnacional- que el problema del crimen organizado en México pasó de ser un tema de seguridad nacional a un tema de seguridad pública.

No sería tan delicado lo que dijo Cervantes, si no fuera porque refleja la falta de capacidad del gabinete presidencial para entender el rol que juega el tráfico de drogas –y con ello, el crimen organizado- en la vorágine de violencia que vive el país desde la llegada de Felipe Calderón a Los Pinos en diciembre de 2006 y que continúa agravándose en la actual administración.

No es posible que, siendo el problema del narcotráfico uno de los temas centrales en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, el procurador general de la República tratara de minimizarlo señalando que es asunto de seguridad pública. Vamos, ni siquiera lo ubicó como un problema de seguridad interior.

El tema es muy serio como para dejarlo pasar, porque si lo dicho por el funcionario es realmente lo que piensa en pleno del gabinete de seguridad nacional, entonces, ya es tiempo de que el gobierno federal impulse un amplio debate en el que participen especialistas, académicos, funcionarios públicos, marinos, militares y organizaciones de la sociedad civil para reconsiderar y restructurar la participación del Ejército y la Armada de México en el combate al narcotráfico, lo que implicaría, necesariamente, regresar a militares y marinos a los cuarteles.

De un plumazo, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, aseguró hace unos días -ante la Asamblea General de Alto Nivel la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Delincuencia Organizada Transnacional- que el problema del crimen organizado en México pasó de ser un tema de seguridad nacional a un tema de seguridad pública.

No sería tan delicado lo que dijo Cervantes, si no fuera porque refleja la falta de capacidad del gabinete presidencial para entender el rol que juega el tráfico de drogas –y con ello, el crimen organizado- en la vorágine de violencia que vive el país desde la llegada de Felipe Calderón a Los Pinos en diciembre de 2006 y que continúa agravándose en la actual administración.

No es posible que, siendo el problema del narcotráfico uno de los temas centrales en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, el procurador general de la República tratara de minimizarlo señalando que es asunto de seguridad pública. Vamos, ni siquiera lo ubicó como un problema de seguridad interior.

El tema es muy serio como para dejarlo pasar, porque si lo dicho por el funcionario es realmente lo que piensa en pleno del gabinete de seguridad nacional, entonces, ya es tiempo de que el gobierno federal impulse un amplio debate en el que participen especialistas, académicos, funcionarios públicos, marinos, militares y organizaciones de la sociedad civil para reconsiderar y restructurar la participación del Ejército y la Armada de México en el combate al narcotráfico, lo que implicaría, necesariamente, regresar a militares y marinos a los cuarteles.

La crisis de la defensoría pública federal, otro fracaso del Nuevo Sistema de Justicia Penal Por alguna razón desconocida, cuando asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en enero de 2015, Luis María Aguilar Morales ratificó a Mario Alberto Torres López en el cargo de director del Instituto Federal de Defensoría Pública, a pesar de que no era parte de su equipo.

En víspera de la entrada del nuevo sistema de justicia penal, del sistema penal acusatorio, hubiera sido lógico que Aguilar Morales designara a un colaborador eficiente y cercano, capaz de preparar el terreno para que los defensores públicos y asesores federales estuvieran a la altura de los nuevos retos que vive el país en materia de justicia.

No podemos olvidar el sentido social que tiene la defensoría pública, la cual muchas veces es la única tabla de salvación de las personas que son llevadas ante la justicia y que no cuentan con recursos necesarios para contratar abogados privados.

Lo cierto es que el Instituto no contó ni con los medios económicos, ni con el apoyo necesario para que los defensores públicos estuvieran a la altura de la exigencia del nuevo sistema de justicia. Tan es así, que se habla al interior del Poder Judicial de la Federación sobre la necesidad de restructurar el organismo y de realizar urgentemente un cambio en la dirección.

Se dice que a diferencia del director actual, quien debe asumir la dirigencia del organismo debe ser un magistrado de circuito experimentado y con reconocimiento al interior de la Judicatura Federal capaz de enderezar la nave.

También mencionan que un aspecto para sacar del marasmo a la defensoría pública federal central sería que su nuevo director contara con la atención y el apoyo del ministro presidente.

Lo peor que podría pasar es que la situación continúe sin cambios.

Lamentablemente, el nuevo sistema penal acusatorio está haciendo agua por todos lados. Apenas hace unos días, el ministro José Ramón Cossío Díaz llamó la atención en que el país enfrenta “problemas severos” en materia de justicia.

El incremento incesante de la violencia e inseguridad le dan la razón a Cossío. ¿Debe revisarse el método de elección de ministros de la SCJN?

Los senadores del PRI, PAN y PVEM que aprobaron la ampliación del período de cuatro magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deben estar orgullosos de los ministros de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora (ex procurador general de la República), Javier Laynez Potisek (ex procurador fiscal) y Jorge Pardo Rebolledo por la defensa a ultranza de los intereses de los legisladores que los eligieron para integrar el máximo tribunal de justicia del país.

En la sesión de este jueves, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y Norma Lucía Piña Hernández apoyaron el proyecto presentado por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que propone invalidar dicha ampliación. Faltan por pronunciarse cuatro ministros: Luis María Aguilar Morales, Margarita Luna Ramos (quienes en discusiones previas criticaron el sentido del proyecto), Fernando Franco y Alberto Pérez Dayán.

Realmente se ve difícil que se alcancen los ocho votos para declarar inconstitucional la acción de los senadores. En privado, algunos ministros reconocieron que en caso de que la Corte avale dicha ampliación (falta un solo ministro que vote en contra del proyecto que declara la inconstitucionalidad de la medida en razón de que violó la independencia del poder judicial) representaría un golpe muy duro para la credibilidad del máximo tribunal, “porque pareciera que los ministros que apoyen la postura del Senado estuvieran regresando el favor a quienes los eligieron para el cargo”.

Aceptaron que uno de los grandes problemas del proceso de selección de los ministros, es que es el Senado -a propuesta del Presidente de la República- el que obliga a que los aspirantes a la Corte tengan que cabildear ante los legisladores su candidatura. Ese método no le hace bien a nadie y, en cambio, afecta la credibilidad de la Suprema Corte. El presidente del Senado, Pablo Escudero, confió el pasado miércoles en que los ministros avalen la ampliación. ¿Sabrá algo que nosotros no sabemos?

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/23/milicia-y-justicia-cervantes-minimiza-el-combate-al-narcotrafico

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